Reclamos en Chile por la superficie de juego reglamentaria
Julio 2, 2009
El Gobierno rechazó 3 presentaciones administrativas provenientes de hoteles cinco estrellas radicados en el país que quieren que se considere como área de apuestas a bares, oficinas y pasillos. El Ejecutivo se negó a estas peticiones.
Quienes presentaron estos recursos son: KLP Emprendimientos, Cela S.A y finalmente Diplomatic. Sin embargo, el Ejecutivo desestimo esas presentaciones, ahora deberá expedirse la Justicia, aunque estiman que deberán recurrir a la Suprema Corte. Los representantes de las firmas señalan que lo harán antes del 11 de julio.
En noviembre de 2008, el decreto provincial 3339 reglamentó provisoriamente que el 4% dispuesto por la ley de Casinos 5775 de 1992, sobre un mínimo de 20.000 metros cuadrados construidos en total, debía incluir otros anexos, como bar, área de descanso e incluso oficinas y guardarropas, según el caso.
El tema disparó la reacción de las empresas interesadas (las tres señaladas tienen el decreto de amparo necesitado para operar) en contar con sus propias sala de juegos, por concebir que así se comprimía la superficie neta para el juego de azar.
En los tres expedientes las empresas argumentan que fueron notificadas a través de una medida judicial no procedente. “Un juez federal, no puede actuar en causas que se refieren al derecho público local, por lo tanto, creemos que la acción judicial no es legal porque excede la jurisprudencia”.
Por su parte, el Ejecutivo dice que el acto no puede ser considerado ilegal, pues sólo se limita a informar una orden judicial, el artículo 32 de la Ley 3909. Además, da por finalizado la instancia administrativa, “Queda expedita la vía judicial”.
Ahora solo queda por esperar la resolución del juez Bento. Años atrás, el Tower de San Rafael tuvo una resolución favorable respecto del mismo tema. “Una diferencia de criterio sobre lo que la ley dice cuando un emprendimiento ya está terminado y funcionando genera una inseguridad jurídica total, sobre todo si la transformación nace de una medida generada por un particular. Al final debe tener solución y, si no, queda la acción procesal frente a la Corte Suprema”, afirmó Gabriel Kemelmajer, abogado de Cela S.A.
El apoderado de KLP, Raúl López, dijo que su proyecto frente al Shopping simboliza “mucho más que los 800 metros cuadrados previstos por Ley, por lo tanto, un cambio perturbaría el futuro del negocio”. Además López confirmó que podría ir a la Suprema Corte cuando venza el plazo legal para apelar.
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